Medio Ambiente
May. 12, 2020
Ley de Reciclaje: Meta final se aplaza en tres años, se aumenta la gradualidad en metas iniciales
El pasado viernes, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el decreto final que fija las metas de reciclaje para el sector envases y embalajes de la Ley REP, el primero que afecta a productos de consumo masivo y quizás el de mayor complejidad y alcance.
Entre las principales modificaciones se encuentra un mayor plazo para llegar a las metas finales, un incremento mucho más gradual de éstas y también de los plazos para completar el 80% de cobertura a los hogares con recolección domiciliaria. En síntesis, la meta final de un 60% de reciclaje ya no está fijada para 2030, sino para 12 años después de que el sistema entre en operación.
En contrapartida, se incrementará la infraestructura comunal de reciclaje y acopio para alcanzar al 75% de las comunas del país, y los recicladores de base se anotan un gran triunfo: no solo habrá obligación de incorporarlos en al menos el 50% de los puntos de recolección del país, sino que además se les deberá pagar por el trabajo de recolección -el que hasta hoy hacían gratis- a precio de mercado y por tonelada recogida. Igual que a las empresas.
A casi un año exacto de que se publicara el decreto supremo que establece las metas de reciclaje para el sector envases y embalajes, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el viernes de manera unánime la propuesta de decreto final presentada por el Ministerio del Medio Ambiente, el que si bien mantiene las metas finales, amplía en tres años el plazo para alcanzarla al incrementar la gradualidad en las metas obligatorias impuestas por año para las cinco categorías de envases y embalajes: cartón para líquidos, metal, papeles y cartones, plástico y vidrio.
Esto tras un período de análisis de las 1.512 observaciones realizadas al proceso de consulta pública del decreto, la que concluyó en agosto pasado tras ser extendida debido a su complejidad y masivo alcance, y a los planteamientos realizados tanto por la industria como por los municipios. “Vimos las observaciones una a una y revisamos todos los argumentos, lo que nos llevó a realizar nuevas modelaciones de los distintos escenarios, para finalmente llegar a lo que estamos planteando ahora. Realmente le metimos harta cabeza, tiempo, discusión y reuniones adicionales para despejar bien una serie de puntos. En el Consejo de Ministros se aprobó de forma unánime y no hubo reparos, lo que muestra que se trata de una propuesta muy madurada en un tema que sabemos que es complejo”, dice Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente.
Aunque la versión final del decreto aprobada el viernes aún no se conoce, Guillermo González adelanta cuáles son los principales lineamientos del decreto final, el que comenzará a regir una vez publicado en el Diario Oficial, previa tomara de razón por parte de Contraloría.
En cuanto a las metas, el anteproyecto planteaba que estas pasaban de entre un 3% y un 11% -dependiendo de los tipos de envases y embalajes- en el primer año de vigencia, a entre un 16% y un 25% al tercer año. Esto había generado inquietud en la industria, que había argumentado una mayor gradualidad en las metas para poder contar con la infraestructura necesaria -principalmente para la separación y valorización de los residuos- y una cultura de reciclaje más madura en la ciudadanía.
Al mismo tiempo, el anteproyecto planteaba un plazo de 9 años para alcanzar la meta final propuesta por el ministerio (60% de reciclaje para el cartón para líquidos, 55% para el metal, 70% papeles y cartones, 45% del plástico y 65% del vidrio).
En el decreto definitivo, las metas por tipo de envase planteadas para el tercer año de operación del sistema se deberán alcanzar ahora entre el cuarto y el séptimo año según cada categoría. De la misma manera, la meta final propuesta por el ministerio se establece ahora para el año 12 de operación del sistema.
Es decir, si antes esta meta final estaba planteada para 2030, ahora su horizonte de cumplimiento será el año 2034. Esto porque el año de inicio de las obligaciones también fue modificado: ya no será 2022, sino que empezarán a regir 30 meses después de la publicación del documento en el Diario Oficial, por lo que lo más probable es que su vigencia comience en 2023.
Fuente: País Circular/11 de mayo 2020