La política de aranceles al acero y aluminio en Estados Unidos está provocando un fenómeno de «inversión arancelaria» que perjudica severamente a la industria conservera nacional frente a sus competidores extranjeros. Debido a que el país importa entre el 70% y el 80% del acero para hojalata por falta de capacidad productiva local, las latas vacías e insumos importados sufren gravámenes elevados bajo la Sección 232, lo que incrementa los costos operativos de empresas como Campbell’s o Conagra y encarece los precios al consumidor final. Sin embargo, las latas que ingresan al país ya procesadas y llenas de alimentos en el extranjero quedan exentas de estas tarifas metálicas, otorgando una ventaja de costos a los procesadores internacionales —incluidos los chinos— y forzando el cierre de plantas de envasado en territorio estadounidense.
Para corregir esta asimetría que amenaza la viabilidad de la cadena agroalimentaria y de la fuerza laboral industrial, se vuelve imperativo eximir de impuestos al acero para hojalata proveniente de países aliados o, en su defecto, nivelar las reglas clasificando los envases alimentarios importados como productos derivados. A largo plazo, la recuperación de la capacidad fabril nacional debe fundamentarse en incentivos fiscales a la producción y reformas regulatorias, en lugar de esquemas arancelarios punitivos que gravan los insumos esenciales y terminan deslocalizando la fabricación hacia el exterior.
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