Un grupo de 25 estados de EE.UU., encabezados por Nueva York, California e Illinois, presentó una demanda contra los nuevos aranceles globales de 10% a 12,5% impuestos por la administración Trump, argumentando que fueron establecidos de forma ilegal bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Los demandantes sostienen que el Gobierno utiliza como pretexto las preocupaciones por el trabajo forzoso en las cadenas de suministro para reinstalar una política arancelaria previamente invalidada por los tribunales, y que el presidente excedió las facultades que le otorga la legislación comercial.
La demanda se suma a otras acciones legales iniciadas por empresas importadoras, mientras la administración defiende que la Sección 301 sí le otorga autoridad para aplicar estas medidas tras un proceso formal de investigación. El litigio se produce en un contexto de creciente incertidumbre comercial, luego de que la Corte Suprema y otros tribunales declararan ilegales rondas anteriores de aranceles, obligando además a las autoridades aduaneras a gestionar solicitudes de devolución de miles de millones de dólares pagados por importadores.
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