El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— entró en aplicación provisional desde el 01 de mayo tras más de 25 años de negociaciones, abriendo un mercado de 720 millones de consumidores. El pacto contempla una reducción arancelaria progresiva, con liberalización inmediata para algunos productos (espumosos, frutas, azafrán o leche en polvo) y plazos más largos para otros como el aceite de oliva (15 años), vinos (8 años) y porcino (8-10 años).
Para España, el acuerdo representa una oportunidad relevante para su industria agroalimentaria, especialmente en sectores como el aceite de oliva, el vino y los lácteos. La rebaja de aranceles permitirá mejorar la competitividad en mercados de Mercosur, donde productos como el aceite de oliva enfrentaban gravámenes elevados (por ejemplo, 31,5% en Argentina). Además, el principio de “primer llegado, primer servido” obliga a las empresas a actuar rápidamente para aprovechar cuotas compartidas dentro de la UE.
Sin embargo, el acuerdo también genera inquietud en sectores agrícolas europeos por la posible presión de importaciones desde Mercosur, especialmente en carne bovina, aves y etanol, aunque con cuotas limitadas. Organizaciones del sector advierten que los beneficios no serán inmediatos y que podrían tardar entre dos y cinco años en materializarse, mientras persiste el riesgo para producciones más sensibles.
En términos comerciales, España mantiene un déficit agroalimentario con Mercosur: en 2025 importó más de 4.000 millones de euros frente a exportaciones por unos 381 millones. Entre los principales productos exportados destacan el aceite de oliva y la fruta de hueso, mientras que las importaciones se concentran en soja, café y crustáceos, lo que refleja tanto el potencial como los desafíos del acuerdo.
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