El Gobierno ha aprobado el 22 de junio de 2026 un Decreto-Ley de Infraestructuras (PNRR) que introduce medidas para facilitar el acceso a las redes de protección social en sectores especialmente expuestos a las altas temperaturas, como la agricultura y la construcción.
Las empresas podrán suspender la actividad y acogerse a las ayudas previstas en el fondo de indemnización por desempleo debido a olas de calor excepcionales, según el decreto aprobado el lunes por el Consejo de Ministros.
La principal novedad es la simplificación de los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo, permitiendo a los trabajadores agrícolas solicitar el subsidio incluso por suspensiones de media jornada, eliminando en estos casos el requisito habitual de 181 días trabajados. La medida entra en vigor el 1 de julio y se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de adaptar la protección social a la realidad del trabajo agrícola durante las olas de calor.
El decreto amplía la cobertura tanto a trabajadores temporales como permanentes y establece que los días cubiertos no reducen el límite máximo de los beneficios ordinarios, además de computarse como tiempo trabajado a efectos de desempleo agrícola. Sin embargo, el presupuesto se reduce de forma significativa a 10 millones de euros para el sector agrícola (frente a 22,5 millones en 2025), lo que obliga a un control estricto del gasto por parte del INPS y podría limitar el acceso si los fondos se agotan. A ello se suman las reglas generales por “fenómeno meteorológico”, las ordenanzas regionales que pueden suspender el trabajo en horas críticas y otros protocolos de seguridad climática, generando un sistema con múltiples vías de acceso a la protección frente al calor.
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